Lío jurídico por DVD piratas
FOTO: MARCOS PIN /EL TELÉGRAFO
El Coleccionista, que tiene en stock películas categorizadas por países, está dentro de la lista de locales a los que se les exigió licencias para comercializar sus productos audiovisuales.
Los dueños de los locales que están en la lista del IEPI para ser cerrados apelan al derecho al trabajo formal.
Los dueños de los locales de venta de películas piratas, a través de su representante, Omaira Moscoso, señalan que tienen derecho al trabajo y, como ya lo habían revelado antes, están opuestos al cierre de sus locales. Esta revisión de licencias la anunciaron los responsables del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). A escala nacional son 26 locales que constan en la lista.
Moscoso, quien dirige la Asociación Ecuatoriana de Comerciantes y Distribuidores de Productos Audiovisuales y Conexos (Asecopac), acepta que la venta de películas piratas es ilegal. No obstante propone que el negocio se formalice. Asecopac es una sociedad de hecho y su vida jurídica está en trámite. Existe desde 2009.
“La mayoría de los locales paga permisos municipales, impuestos al Servicio de Rentas Internas. Hay un ítem para los vendedores minoristas de estos productos, a la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos, y a los Bomberos”, sostiene.
Jorge Santos, otro de los vendedores de películas, considera que la regulación que desea hacer el IEPI se presenta, “más que por lo legal, por un asunto de intereses económicos de la gente que maneja cadenas grandes de películas y que quiere frenar la competencia”.
Y esto le parece sospechoso a Moscoso, pues ella opina que la clausura no será para todos los que infringen la Ley de Propiedad Intelectual: “Todos los años es lo mismo, se acerca Navidad y se acuerdan de la defensa de la propiedad intelectual, se llega a la Fiscalía, a los juzgados, hay la bulla y no pasa nada. Ahora las declaraciones del IEPI me aterran más aún, porque solamente se van a hacer procesos legales contra los locales de sitios pudientes, en las bahías no”.
Moscoso, quien dirige la Asociación Ecuatoriana de Comerciantes y Distribuidores de Productos Audiovisuales y Conexos (Asecopac), acepta que la venta de películas piratas es ilegal. No obstante propone que el negocio se formalice. Asecopac es una sociedad de hecho y su vida jurídica está en trámite. Existe desde 2009.
“La mayoría de los locales paga permisos municipales, impuestos al Servicio de Rentas Internas. Hay un ítem para los vendedores minoristas de estos productos, a la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos, y a los Bomberos”, sostiene.
Jorge Santos, otro de los vendedores de películas, considera que la regulación que desea hacer el IEPI se presenta, “más que por lo legal, por un asunto de intereses económicos de la gente que maneja cadenas grandes de películas y que quiere frenar la competencia”.
Y esto le parece sospechoso a Moscoso, pues ella opina que la clausura no será para todos los que infringen la Ley de Propiedad Intelectual: “Todos los años es lo mismo, se acerca Navidad y se acuerdan de la defensa de la propiedad intelectual, se llega a la Fiscalía, a los juzgados, hay la bulla y no pasa nada. Ahora las declaraciones del IEPI me aterran más aún, porque solamente se van a hacer procesos legales contra los locales de sitios pudientes, en las bahías no”.
Las licencias y una propuestaObtener las licencias para reproducir las películas es un tema desconocido para Jorge Luis Santos, propietario del servicio a domicilio vía Internet SantitosDVD.com. “Desconozco cuál es el proceso para solicitar licencias que permitan comercializar estos productos legalmente. La gente prefiere los productos piratas porque la economía de nuestro país no da como para comprar una que cuesta 20 dólares”, expresa.
Las licencias que se manejan dentro del país es por proyección. Por ejemplo, según cuenta Analía Beler, de OchoyMedio, cuando se ofrece una película de estreno, la taquilla se divide con el 50% para el propietario de los derechos del filme dentro del país. La otra fracción es para la sala de proyecciones. Cuando es una película de reposición, es decir, que ya es de estreno, entonces el 40% es para los propietarios de la licencia, el otro para el cine.
Las licencias para las reproducciones, están sujetas al costo que le pongan los propietarios de los derechos.
Forrest Young, un broker de copyright, quien ha asesorado a Asecopac, dice que a los grandes estudios les conviene negociar los derechos de los filmes a precios más bajos que respondan a la economía del país en el que se venden los productos y así no perder dinero de la venta.
600 miembros tiene la Asecopac a escala nacional, según sus voceros
Esta actividad se realizaría a través de negociaciones con las asociaciones y distribuidores locales, luego de que se regularicen y así puedan ofrecer un mejor producto, con un precio asequible y sin irrespetar la propiedad intelectual.
Este especialista considera que el mejor sistema para producir material copyright es utilizar una tecnología económica de unas computadoras denominadas “pulpos”, porque poseen varios brazos e imprimen hasta 100.000 copias en un instante. Todo el sistema es computarizado y autorizado por la compañía o entidad que maneje los derechos de autor. Moscoso dice que la variación sería leve: “Quizá una copia probablemente costará 2 dólares”.
Algunos vendedores tributanEn un recorrido realizado por El Telégrafo se comprobó que algunos de los locales señalados por el IEPI tributan.
“La administración tributaria tiene dentro de sus competencias velar por el cumplimiento de la normativa tributaria vigente; de ahí que si un local compra discos vírgenes y los reproduce sin tener autorización, esta infracción no es sancionada por el SRI; pero, como organismo gubernamental, puede realizar la denuncia respectiva”, manifiesta Miguel Avilés, director regional del SRI.
Este especialista considera que el mejor sistema para producir material copyright es utilizar una tecnología económica de unas computadoras denominadas “pulpos”, porque poseen varios brazos e imprimen hasta 100.000 copias en un instante. Todo el sistema es computarizado y autorizado por la compañía o entidad que maneje los derechos de autor. Moscoso dice que la variación sería leve: “Quizá una copia probablemente costará 2 dólares”.
Algunos vendedores tributanEn un recorrido realizado por El Telégrafo se comprobó que algunos de los locales señalados por el IEPI tributan.
“La administración tributaria tiene dentro de sus competencias velar por el cumplimiento de la normativa tributaria vigente; de ahí que si un local compra discos vírgenes y los reproduce sin tener autorización, esta infracción no es sancionada por el SRI; pero, como organismo gubernamental, puede realizar la denuncia respectiva”, manifiesta Miguel Avilés, director regional del SRI.
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Análisis
Xavier Andrade
Sociólogo y Catedrático
“Hay una ética a dos niveles”
Lo primero que hay que destacar es la cara política de este tema. Veamos a la piratería, primero, desde dos niveles democratizantes: uno, por su costo bajo permite que masas accedan a productos culturales a los que difícilmente podrían acceder en su costo original; el segundo es que la piratería ha permitido liberar al público nacional de la oferta hegemónica de Hollywood. En este segundo punto la gente alimenta una crítica a lo que son las industrias culturales que mantienen predominio frente a otras y amplía, el espectador, sus horizontes. Si se hilara más fino sobre este segundo efecto, si vamos a la Bahía encontraremos, incluso, documentales que no llegan a las salas comerciales.
redaccion@telegrafo.com.ec
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