jueves, 6 de enero de 2011

IEPI INTENTA LEGALIZAR PERSECUCION Y VIOLACION CONSTITUCIONAL


Miembros de la Asociación Ecuatoriana de Comerciantes y Distribuidores de Productos Audiovisuales y Conexos se reunieron ayer para presentar su inconformidad ante las medidas del IEPI.
Jueves 06 de enero del 2011 Economía

IEPI enviará a la Fiscalía casos de ‘piratería formal’

Miembros de la Asociación Ecuatoriana de Comerciantes y Distribuidores de Productos Audiovisuales y Conexos se reunieron ayer para presentar su inconformidad ante las medidas del IEPI.
Enviar a la Fiscalía los expedientes de las 26 tiendas de DVD y CD que, según el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), practican “piratería formal lucrativa” es el siguiente paso, luego de la notificación de una multa por alrededor de $ 1.800 a los locales, según Andrés Ycaza, director de ese ente.
Ycaza explica que con la entrega de documentos la Fiscalía iniciará “las investigaciones respectivas”, y agrega que “la piratería es un delito en Ecuador sancionado hasta con tres años de prisión”.
Desde esta semana, esos locales de venta de DVD han recibido notificaciones para el pago de una multa por su funcionamiento sin contar con derechos de autor de las películas que comercializan. De no pagar ese valor, según Ycaza, “se iniciarán los procesos coactivos respectivos”, esto adicional a los casos en la Fiscalía.
Para Omaira Moscoso, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Comerciantes y Distribuidores de Productos Audiovisuales y Conexos (Asecopac), el anuncio de una acción legal no es una preocupación, pues “se puede preparar una defensa a nivel de abogados y en la Fiscalía cualquier cosa puede suceder. Pasa enero y febrero y eso se enfría”.
Su atención se encuentra, ahora, en averiguar cuál es el objetivo del pago de la multa, pues no tiene la certeza de que esto haga que su local se pueda mantener abierto.
La notificación, que en su caso llegó el lunes pasado, le da quince días hábiles para pagar.
Las resoluciones del IEPI, según Moscoso, son medidas que no ayudan en nada a resolver el problema de la piratería, pues los locales notificados son pequeños y son solo compradores de los grandes productores.
Además, agrega que estas “amenazas” hacen que ciertos socios piensen en cerrar sus locales para vender nuevamente de manera informal en la bahía, pues el IEPI asegura que no prohibirá esa clase de venta.
Guillermo Buendía, vicepresidente de la Asecopac, señala que con sus iniciativas el IEPI solo ha logrado retrasar el proceso que mantiene su asociación, pues comenta que se han contactado con distintas productoras para arreglar el tema de las licencias.
Hasta ahora, dice, han notado que los locales no pueden negociar el pago individual de licencias, pues como mínimo cuestan $ 50 mil, además de la firma de un documento de promesa de compra de no menos de un millón de copias.
Por ello los tratos, dice, se harían a través de la Asecopac. El gremio adquiriría las licencias para hacer copias y así tampoco incremente el precio del consumidor final, señala.
En Quito, según Moscoso, ya se han comprado las licencias de películas nacionales.
Uno de los comerciantes que realizó estas negociaciones es Roberto Tipanguano, representante de Asecopac en esa ciudad. Él dice que ahora vende los CD originales de películas como Los Canallas, Las Zuquillo, Cara o Cruz, entre otras.
Según Moscoso, un proceso de legalización favorece a los vendedores, pues puede aumentar su margen de ganancia. Mientras por cada película pirata ganan unos $ 0,50, con licencia podrían duplicarlos.



Proceso
Notificaciones: El primer acercamiento del IEPI fue en noviembre y se solicitaban los documentos que comprobaran el pago de derechos de autor.

Asociación: La Asecopac tiene alrededor de 600 socios.

1 comentario:

  1. Que los Abogados del IEPI expliquen en que parte de la Ley o de la constitución aparece este horrendo esperpento jurídico llamado PIRATERIA FORMAL, o ellos lo inventaron para tratar de justificar su incompetencia y el uso alegre de los fondos públicos en una campaña que ha resultado un fracaso. Por su concepción discriminatoria e inconstitucional.

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