sábado, 15 de enero de 2011

MARCHA POR LA LEGALIZACION DEL COMERCIO DE PELICULAS EN DVD

La Asociación de Comerciantes de Productos Audiovisuales ASECOPAC protagonizó una imponente marcha hacia el Palacio de Carondelet, el día Jueves 13 de Enero del 2011 con el objeto de entregar personalmente al presidente de la República Eco. Rafael Correa Delgado una carta de denuncia por los atropellos y los actos violatorios de la constitución, iniciados en contra de los miembos de la Asociación que están siendo víctimas de allanamientos y persecusión de parte de las autoridades del IEPI.
 Los directivos del IEPI se oponen abiertamente al proceso de legalización del comercio de películas en dvd, este proceso iniciado por ASECOPAC, tiene como finalidad la regularización de esta actividad económica mediante el pago de derechos de propiedad intelectual a sus legítimos propietarios.
LECTURA DEL ACUERDO PARA EL PROCESO DE LEGALIZACION DEL COMERCIO DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES POR PARTE DE LOS COMERCIANTES DE QUITO.

La ASECOPAC ha denunciado publicamente la interferencia del IEPI en las gestiones realizadas para la legalización de esta actividad tanto a nivel nacional como internacional, creando desconcierto a través de la desinformación, emitiendo conceptos antojadizos y distorcionados sobre este proceso y sus gestores, con el ánimo de dividir al sector, persiguiendo a sus dirigentes mediante el cierre y confiscación de sus locales y mercaderías.
La marcha contó con la participación de más de 1000 pequeños comerciantes  autónomos que apoyan la legalización de esta actividad económica, quienes fueron recibidos por importantes autoridades nacionales que se comprometieron en propiciar una reunión entre funcionarios del gobierno y miembros de la ASECOPAC.
El IEPI no ha planteado una sola solución a este problema que rebasa los límites de lo legal y tiene importantes connotaciones sociales, ha recurrido únicamente a medidas represivas y policiales lo que pone en evidencia ante la ciudadanía que al IEPI no le interesa la legalización del mercado de dvd´s en el Ecuador, y se ha dedicado a favorecer oscuros intereses que se verían afectados con el pago de licencias a los propietarios de los Derechos de Autor.

LA DOBLE MORAL DEL IEPI

En las bodegas de la Policía Judicial del Guayas se hallan las 92.800 películas incautadas el lunes pasado en locales de venta de DVD.

El Universo, Miércoles 12 de enero del 2011 Economía


Locales de venta de DVD se instalan con aval de autoridades

En las bodegas de la Policía Judicial del Guayas se hallan las 92.800 películas incautadas el lunes pasado en locales de venta de DVD.
Con documentos pegados en las puertas o paredes a la entrada de sus locales exponen que cuentan con Registro Único de Contribuyentes (RUC) bajo la razón comercial de “venta al por menor de discos y cintas grabadas”, pagan patentes municipales como “local de alquiler de películas en cinta de video y discos láser” y cumplen con las inspecciones y tributos al Cuerpo de Bomberos.
Después de realizar el trámite para esos permisos y funcionar durante un año, Omaira Moscoso, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Comerciantes y Distribuidores de Productos Audiovisuales y Conexos (Asecopac), dice que no entiende por qué las autoridades no detienen la instalación de los locales durante su creación y ahora se los clausura y se incautan los productos, acusados de “piratería formal lucrativa”.
Esto luego de dos notificaciones del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) en las que pedía a 26 establecimientos los comprobantes de pagar derechos de autor. El lunes pasado se cerraron seis negocios y se incautaron 92.800 películas.
Los negocios a los que se les retiraron las películas son El Coleccionista en sus dos locales (3.300), Showtime, con otros dos (61.000), Fox (27.000) y Movie DVD de Los Almendros (1.500), según los registros entregados por el IEPI.
Moscoso explica que su gremio entiende la necesidad de regularizarse, por eso empezaron con lo básico: pagar impuestos, que pueden redondear $ 300 por local, dependiendo de la ubicación y el tamaño.
Como siguiente paso, indica, se organizó la asociación para que sea la intermediaria a través de la cual se compren los derechos de autor, pues estas licencias son muy costosas para pagarlas de forma individual.
Moscoso agrega que este año mantendrán talleres sobre derechos de autor y comprarán licencias de películas de directores nacionales.
Esto mientras inician acciones legales para recuperar su propiedad incautada y detener los procesos legales.
Raúl Llerena, abogado de Asecopac, indica que durante reuniones realizadas con la asociación desde el lunes pasado se concluyó que van a presentar un recurso de reposición, con el que se busca reveer la sanción de la incautación de películas.
Luego, agrega, se realizará una apelación ante el Comité de Propiedad Intelectual para que se analice la multa de 1.800 dólares impuesta a los 26 locales por no informar sobre el pago de derecho de autor.
Según Llerena, también se seguirá un proceso en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo para impugnar y declarar la ilegalidad de ese acto administrativo.
Mientras se coordinan estos procesos, administradores de los locales afectados como Leonardo Ramírez, de Hollywood Video, seguirán trabajando, pero con precauciones.
Ramírez explica que como seguramente sus películas también serán incautadas ha disminuido la cantidad del producto en percha en sus tres locales.
Andrés Ycaza, director del IEPI, indicó que en esta semana se mantendrán los operativos que también incluirán a ocho locales notificados en Quito.
En cambio, confirmó que a los locales de la Bahía más bien se los incluirá en una campaña de concienciación que comenzará la próxima semana con la presentación de un libro sobre derechos de autor.
IEPI CONFUNDIDO
Dos actuaciones
Piratería: Según el IEPI, el combate a la piratería se dará en dos fases: sanción contra la “piratería formal lucrativa” y campaña de comunicación a los negocios informales.

Exclusión: En la Bahía no habrá sanciones, pues en ese caso, señala el IEPI, el negocio es de subsistencia.

PERSECUCION INCONSTITUCIONAL DEL IEPI CONTRA LOCALES QUE BUSCAN REGULARIZACION

 Operativos simultáneos en Urdesa y Miraflores

Clausuran locales de venta de vídeos piratas

Foto: Juan Carlos Holguín/Expreso
Local. La Policía dañó un muro para poder ingresar a El Coleccionista.
Policía, Fiscalía y personal del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) efectuaron un operativo en el que fueron clausurados varios negocios donde se comercializaban vídeos piratas.
Las autoridades llegaron entre las 10:30 y 11:00 de ayer a los locales Fox, en Víctor Emilio Estrada y Guayacanes, y a las dos sedes de El Coleccionista, en Miraflores y frente al Malecón Simón Bolívar a la altura de la calle Loja, entre otros. En este último local, como estaba cerrado, la Policía destruyó un muro para arrancar los candados y poder ingresar.
Omaira Moscoso, dueña de El Coleccionista y presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Comerciantes y Distribuidores de Productos Audiovisuales y Conexos (Asecopac), rechazó la medida pues “entorpece el proceso de legalización en que estamos inmersos los miembros de la asociación, ya que solo cerraron nuestros locales”.
La comerciante dijo que hoy decidirán las acciones que tomará el gremio.
Según ella, habían recibido notificaciones en que les daban 15 días para presentar sus descargos, por lo que no entiende el motivo de las clausuras.
“Algunos compañeros habían recibido la notificación hace solo tres días”, manifestó la dirigente.

 

jueves, 6 de enero de 2011

IEPI INTENTA LEGALIZAR PERSECUCION Y VIOLACION CONSTITUCIONAL


Miembros de la Asociación Ecuatoriana de Comerciantes y Distribuidores de Productos Audiovisuales y Conexos se reunieron ayer para presentar su inconformidad ante las medidas del IEPI.
Jueves 06 de enero del 2011 Economía

IEPI enviará a la Fiscalía casos de ‘piratería formal’

Miembros de la Asociación Ecuatoriana de Comerciantes y Distribuidores de Productos Audiovisuales y Conexos se reunieron ayer para presentar su inconformidad ante las medidas del IEPI.
Enviar a la Fiscalía los expedientes de las 26 tiendas de DVD y CD que, según el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), practican “piratería formal lucrativa” es el siguiente paso, luego de la notificación de una multa por alrededor de $ 1.800 a los locales, según Andrés Ycaza, director de ese ente.
Ycaza explica que con la entrega de documentos la Fiscalía iniciará “las investigaciones respectivas”, y agrega que “la piratería es un delito en Ecuador sancionado hasta con tres años de prisión”.
Desde esta semana, esos locales de venta de DVD han recibido notificaciones para el pago de una multa por su funcionamiento sin contar con derechos de autor de las películas que comercializan. De no pagar ese valor, según Ycaza, “se iniciarán los procesos coactivos respectivos”, esto adicional a los casos en la Fiscalía.
Para Omaira Moscoso, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Comerciantes y Distribuidores de Productos Audiovisuales y Conexos (Asecopac), el anuncio de una acción legal no es una preocupación, pues “se puede preparar una defensa a nivel de abogados y en la Fiscalía cualquier cosa puede suceder. Pasa enero y febrero y eso se enfría”.
Su atención se encuentra, ahora, en averiguar cuál es el objetivo del pago de la multa, pues no tiene la certeza de que esto haga que su local se pueda mantener abierto.
La notificación, que en su caso llegó el lunes pasado, le da quince días hábiles para pagar.
Las resoluciones del IEPI, según Moscoso, son medidas que no ayudan en nada a resolver el problema de la piratería, pues los locales notificados son pequeños y son solo compradores de los grandes productores.
Además, agrega que estas “amenazas” hacen que ciertos socios piensen en cerrar sus locales para vender nuevamente de manera informal en la bahía, pues el IEPI asegura que no prohibirá esa clase de venta.
Guillermo Buendía, vicepresidente de la Asecopac, señala que con sus iniciativas el IEPI solo ha logrado retrasar el proceso que mantiene su asociación, pues comenta que se han contactado con distintas productoras para arreglar el tema de las licencias.
Hasta ahora, dice, han notado que los locales no pueden negociar el pago individual de licencias, pues como mínimo cuestan $ 50 mil, además de la firma de un documento de promesa de compra de no menos de un millón de copias.
Por ello los tratos, dice, se harían a través de la Asecopac. El gremio adquiriría las licencias para hacer copias y así tampoco incremente el precio del consumidor final, señala.
En Quito, según Moscoso, ya se han comprado las licencias de películas nacionales.
Uno de los comerciantes que realizó estas negociaciones es Roberto Tipanguano, representante de Asecopac en esa ciudad. Él dice que ahora vende los CD originales de películas como Los Canallas, Las Zuquillo, Cara o Cruz, entre otras.
Según Moscoso, un proceso de legalización favorece a los vendedores, pues puede aumentar su margen de ganancia. Mientras por cada película pirata ganan unos $ 0,50, con licencia podrían duplicarlos.



Proceso
Notificaciones: El primer acercamiento del IEPI fue en noviembre y se solicitaban los documentos que comprobaran el pago de derechos de autor.

Asociación: La Asecopac tiene alrededor de 600 socios.

miércoles, 5 de enero de 2011

IEPI INICIA PERSECUCION CONTRA DIRECTIVOS DE ASECOPAC

El coleccionista tiene, entre su inventario, películas que provienen de Irán, India, China, Israel, entre otros.  | FOTO: MIGUEL CASTRO / El Telégrafo
FOTO: MIGUEL CASTRO / El Telégrafo

Multa de $ 1.800 para dos locales sin licencias

El coleccionista tiene, entre su inventario, películas que provienen de Irán, India, China, Israel, entre otros.
Datos
Según la Asecopac existirían cerca de 60.000 sujetos entre propietarios de tiendas y personas involucradas en el sector que se encuentran infringiendo la Ley de Propiedad Intelectual.              
Andrés Icaza, titular del IEPI, especificó que la toma de medidas legales hacia los 26 locales legales se emprendían porque se los consideraba formales y porque el instituto no cuenta con la capacidad “logística ni económica” para emprender esa tarea en todos los locales.
En su página web Asecopac enuncia que fue creada en 2008 y que está reconocida como integrante de la Red Nacional de Organizaciones Sociales del Estado Ecuatoriano por el Ministerio de Inclusión Social y Económica.
El Coleccionista y Fox Home Enterteinment recibieron sanciones tras procesos.



Dos establecimientos que venden películas consideradas piratas recibieron notificaciones de sanción. Y a dos más les llegarán en las próximas horas. Este trámite denominado tutelas administrativas de requerimiento de licencias lo inició en octubre pasado el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). Según el ente, los locales no tienen los permisos para la comercialización de sistemas de audio y video. En los documentos se detallan multas económicas y prohibiciones de venta.

Las notificaciones explican que las comercializadoras de películas no han presentado “los comprabantes de compra con los cuales se justifique la procedencia legal de los soportes que contienen obras protegidas por el Derecho de autor”.     
.. se detalla que las comercializadoras de películas no han presentado los comprobantes de compra
La Subdirección Regional del IEPI resolvió la sanción contra Guillermo Ernesto Buendía Brborich y Elena Omaira Moscoso Pezo, quienes constan como propietarios, respectivamente,  de los locales Fox Home Enterteinment, ubicado en Urdesa Central, y El Coleccionista, que cuenta con dos sucursales, una en Miraflores y otra en Loja y Malecón, en el centro.
Moscoso fue notificada, según  el IEPI, el 29 de diciembre, y Buendía el 3 de enero.  
La multa -lo detallan los documentos- es de $1.840 y debiera cancelarse en el plazo de 15 días en las instalaciones del IEPI. A Buendía se lo sancionó con otra multa por el mismo monto por no presentar la información requerida en las tutelas.

Sobre el hecho Moscoso, quien  preside  la Asociación Ecuatoriana de Comerciantes y Distribuidores de Productos Audiovisuales (Asecopac), considera que la solución no es aplicar multas sino crear mesas de diálogo con el sector que está infringiendo los derechos de propiedad intelectual para regularlo.

 “La actitud del IEPI lo que está provocando es que el sector esté pensando en cerrar sus ruc (Registro Único de Contribuyente), los locales, no pagar al SRI (Servicio de Rentas Internas), ni Municipio, ni nada de impuestos y contratar gente  para que salga a vender sus productos a la calle. Porque las copias nunca se van a terminar, porque la gente siempre va a querer comprar películas”, dijo Moscoso.    
Aunque la resolución del IEPI estipula la prohibición de la comercialización de las obras que infringen los derechos de autor, Moscoso no detalló si la tienda seguirá funcionando. 
Si bien no quieren desacatar la ley, la Asecopac buscará conversar con el IEPI. “Las leyes se hacen en medida a los fenómenos sociales. La ley tiene que aplicarse a la realidad social, económica, ecuatoriana”, opinó Moscoso. Sobre la multa respondió que eso tendrá que revisarlo el abogado de la asociación.

Los dos procesos se encuentran en la Fiscalía del Guayas. Esto porque  “se considera que hay claras presunciones de haberse cometido los delitos tipificados en los artículos 324 y 325 de la Ley de Propiedad Intelectual”, según las notificaciones.
El artículo 324 estipula el cobro de multas que van desde los $1.314 hasta  los $13,144.50 y entre tres meses hasta tres años de prisión a quien violen los derechos de autor, al no haber obtenido la respectiva licencia del titular de derecho y reproduzca, distribuya, ofrezca en venta o arriende reproducciones ilícitas en formato de fonograma o videograma.
Los propietarios de  Movie Dvd, de la ciudadela Kennedy y Stars Dvd  serán notificados de la sanción en las próximas horas. Temas como la oferta de cine arte de  la tienda El coleccionista, presentados como recurso en el proceso de tutela administrativa, fueron descartados por el IEPI con este argumento: “La diversidad en la oferta cultural ...no se contrapone a los derechos materiales y morales de los autores”.
Asecopac se reunirá hoy en la sede del  Gobierno zonal donde hablará sobre sus intentos de regularización y sobre qué hará frente a las sanciones.
 
Redacción Guayaquil
redaccion@telegrafo.com.ec

martes, 4 de enero de 2011

DECISION DEL IEPI VIOLA NORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES


Los directivos del IEPI han iniciado un boicot abierto en contra del proceso de regularización  y legalización de la venta y comercialización de DC y DVD´S emitiendo declaraciones confusas y discriminatorias para provocar que amplios sectores de comerciantes de las Bahías y de la Ipiales se desvinculen del proceso y, sentando un precedente discriminatorio, ilegal e inconstitucional, han emprendido una campaña de hostigamiento y persecución en contra de los miembros de nuestra organización, en una actitud atentatoria contra todas las convenciones de derechos humanos y contra la constitución ecuatoriana, que establece la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, han promovido selectivamente Expedientes Administrativos en contra de las personas que encabezamos esta iniciativa ciudadana para cumplir con las leyes de Propiedad Intelectual, precisamente cuando estamos obteniendo resultados importantes en el proceso de regularización.
A continuación enumeramos las convenciones que viola la disposición del IEPI.
La Declaración de los Derechos de Virginia
La igualdad, principio éste que fue utilizado en la Declaración de los Derechos de Virginia del 20 de junio de 1776; donde, en su art.1 expresa ¨...todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y tienen ciertos derechos igualmente libres e independientes, y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales cuando entran en estado de sociedad; no puedan, por ningún contrato privar o despojar a su posterioridad especialmente el goce de la vida y la libertad...¨
En la Revolución Francesa de 1879
Con sus principios de libertad, igualdad y fraternidad; proclaman en forma teórica, un sentido filosófico que como norma jurídica destinada a tener real vigencia, la igualdad de las personas ante la ley prohibiendo todo trato discriminatorio.
En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (10 de Diciembre de 1948)
Se establece algunos artículos, que hacen referencia a la igualdad de las personas frente a la ley. Así en el art.1 se indica ¨...todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad de derechos...¨ y en el art. 2 de la misma Declaración ¨...todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción de raza, color, idioma, religión, opinión política...¨
La actual Constitución Política del Ecuador
En el art. 23 numeral 3; se indica en que consiste la igualdad ante la ley, donde se expresa ¨...todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, idioma, religión...¨
EL principio de igualdad de todas las personas ante la ley
Según es el sentir de la ciencia y el espíritu de la Constitución, no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios, que no se excluya a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias.
La igualdad implica uniformidad e imparcialidad, lo que la vincula con el principio de la generalidad del derecho.
El pensamiento de la igualdad se presenta íntimamente concertado con la justicia, en cierto sentido puede decirse que ser tratados con justicia es equivalente a ser tratados de un modo igual.
La igualdad ante la ley
La expresión significa principalmente:
a) Que las normas jurídicas no deben establecer desigualdades injustas e impertinentes en materia de los derechos fundamentales, estos deben ser atribuidos de un modo igual a todos los sujetos de la especie humana; sin consideración de algún aspecto de índole social, económico, político, etc.
b) Otra significación de la igualdad ante la ley, sería tomar en cuenta aquellas desigualdades que justificadamente puedan ser tenidas como relevantes en el mundo del derecho, es decir, implica tratar a cada uno según lo que le corresponda; siempre y cuando eso que le corresponda, tenga un alcance en la área de lo jurídico.
Otras formas de igualdad
Pero también la igualdad ante la ley, quiere decir ante todo y por encima de todo, igualdad en cuanto a la dignidad de la persona individual; por tanto igualdad en sus derechos fundamentales o esenciales.
¿Quién se erige en defensor de este concepto de legalidad? Las instituciones del estado no pueden ser utilizadas para perseguir a los pequeños comerciantes de copias de dvd, que ahora son tratados como delincuentes y que lo único que hacen es trabajar honestamente para mantener a sus familias con dignidad. ¿Buscan acaso proteger los intereses del pueblo ecuatoriano, que después de cientos de horas de trabajo tiene derecho a un justo y sano esparcimiento a un costo razonable y proporcional a su nivel de ingresos? (derechos contemplados en la constitución y que no puede ser soslayados a pretexto de la aplicación irreflexiva e inconsulta de la Ley de Propiedad Intelectual). No es una novedad, que estos mismos funcionarios repitan como poseídos el discurso de las grandes transnacionales que han convertido a la Cultura en una mercancía de lujo, a la que solo pueden acceder quienes tienen dinero, todos conocemos los métodos de estas grandes empresas.
Entonces la cultura jamás será de todos, estará condicionada a la capacidad adquisitiva de las personas, se convertirá en privilegio de muy escasos ciudadanos.

domingo, 2 de enero de 2011

Distribuidores y tiendas de CD y DVD esperan apoyo para legalización

Preocupación por la falta de un proceso que les ayude a pagar los derechos de autor y así regular la venta de DVD y CD comparten tanto las tiendas que venden 400 discos mensuales piratas como las distribuidoras que comercializan 40 mil al mes en la Bahía.

Esto ante la notificación del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual a 26 locales para que entreguen los comprobantes de pago de esos derechos, en noviembre pasado.


Omaira Moscoso, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Comerciantes y Distribuidores de Productos Audiovisuales y Conexos (Asecopac), indica que el pedido del IEPI discrimina a un sector específico y no propone cambios estructurales que regularicen al gremio.

Los locales notificados solo corresponden a Quito y Guayaquil, y dentro de la última están en su mayoría en Urdesa, Kennedy y Samborondón.

“¿Por qué notificarían a alguien con un local en Urdesa y no a uno con diez en el Guasmo?”, pregunta Moscoso, pues en su caso, como propietaria de El Coleccionista, reclama que su local es de menor tamaño que algunos de otros sectores.

Además, añade que no se comunicó cuáles son los documentos específicos requeridos ni el plazo de entrega.

Pese a no estar incluidos entre los 26 locales, los comerciantes de la Bahía también se preocupan por esta medida.

Ider Lizardo, encargado de la distribuidora DVD Zoom, de la Bahía, dice que aunque él no haya sido notificado, el que no los amonestaran ahora no significa que luego no les pedirán también sus documentos.

“Los vendedores coincidimos en que necesitamos regulaciones, que nos digan cuánto es la tasa que tenemos que pagar. Así dejaríamos de preocuparnos, seríamos legales”, dice.

Una posición similar es la de Rosa Caisaguán, dueña de otra distribuidora, también en la Bahía, quien espera que haya una regularización para no preocuparse por la inestabilidad.

¿Nos quedamos sin películas?

 El Universo sábado 25 de diciembre del 2010 Columnistas
 Cecilia Ansaldo Briones
El tema de la piratería intelectual está sobre la mesa. Nos moviliza, en mucho, a quienes apreciamos los productos de la imaginación y trabajamos con ellos. El invento de la fotocopiadora primero, de toda clase de máquinas reproductoras después; las vías abiertas de internet; pusieron a fluir por el mundo las palabras y las imágenes que nacen bajo firma específica. La autoría es un derecho de paternidad y maternidad irrenunciable, sin embargo, fuimos cayendo en el uso de las versiones de esos materiales que daban la espalda a la valoración económica de sus autores.

Primero fue por necesidad. Recuerdo mi deslumbramiento cuando, a inicios de los años ochenta, visité la biblioteca de una famosa universidad de Estados Unidos y aprendí a manipular una máquina de gran tamaño que en un lugar señero del acogedor ambiente permitía reproducir páginas y capítulos del libro que consultaba. No olvido que de esa manera conseguí, por primera vez, la Poética, de Luzán, un texto inalcanzable en Ecuador. Luego se impuso que los maestros entregáramos a los alumnos capítulos así copiados de esos libros que a nosotros nos costaba tanto encontrar para estar actualizados. Hoy, los estudiantes –deduzco que acuciados por la reducción económica– leen a través de internet y ni siquiera pueden imprimir páginas, cuya tinta tiene alto costo. Todo esto viene también afín a la real negociación clandestina que roba todo lo que puede: supimos que en Lima, la versión pirateada de El sueño del celta, la última de Vargas Llosa, “ahorraba” más de catorce dólares al comprador.

Ahora se trata de las películas. Su comercialización, en formato que fue variando de Betamax a VHS hasta llegar al cómodo DVD, nos ha cambiado la vida. Ya no tenemos que hacer fila en los cines o esperar un año para que las proyecte la televisión, están al alcance de la mano y no hay programa escolar o universitario que se precie de pedagógico que carezca de esa ayuda audiovisual. Lo ideal sería que todo ese despliegue de utilidad no atropellara los derechos de la pléyade de creadores que pusieron su contingente para que circulara tan apreciada obra. Pero entre lo ideal y las carencias, se abre el territorio de lo legal y de lo posible. ¿Acaso no ha sido legal cualquier clase de producto al costo de su ofertador parapetado en la ley de la oferta y la demanda? ¿Nos podemos quedar tranquilos bajo la idea de que pague quien pueda cuando se trata de productos de la cultura que hacen bien a toda la comunidad?

Lo posible define la gama de las oportunidades de consumo cultural (países más desarrollados como productores de libros y películas; mercados más amplios que estimulan la creación y circulación; precios asequibles –y esta categoría es tan evanescente como el aire en medios estrechos como el nuestro–). Con todo esto en la cabeza, el tratamiento desigual a los que comercian con películas piratas es un punto muy discutible. Dicen las autoridades que no es lo mismo tener un puesto de venta en un centro comercial que en la Bahía o en la esquina del barrio. Los tres ganan dinero de una misma fuente: la reproducción de un producto ajeno, sin respetar el derecho autorial. Debe haber un camino que zanje las diferencias, pero que lo haga sin volver a ubicar los consumos generales a esferas de envidiosa contemplación, que no deje sin trabajo a mucha gente, que no permita el mercado negro.

Y tomando en cuenta que sin libros y películas realimentaríamos la pobreza del espíritu.

LIO JURIDICO

IEPI DISCRIMINA ILEGALMENTE A LOS ECUATORIANOS
 
Tomada de la edición impresa del 28 de diciembre del 2010

Lío jurídico por DVD piratas

El Coleccionista, que tiene en stock películas categorizadas por países, está dentro de la lista de locales a los que se les exigió licencias para comercializar sus productos audiovisuales.  | FOTO: MARCOS PIN /EL TELÉGRAFO
FOTO: MARCOS PIN /EL TELÉGRAFO
El Coleccionista, que tiene en stock películas categorizadas por países, está dentro de la lista de locales a los que se les exigió licencias para comercializar sus productos audiovisuales.

Los dueños de los locales que están en la lista del IEPI para ser cerrados apelan al derecho al trabajo formal.
Los dueños de los locales de venta de películas piratas, a través de su representante, Omaira Moscoso, señalan que tienen  derecho al trabajo  y, como ya lo habían revelado antes, están opuestos al cierre de sus locales. Esta revisión de licencias la anunciaron los responsables del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). A escala nacional son 26 locales que constan en la lista.
Moscoso, quien dirige la Asociación Ecuatoriana de Comerciantes y Distribuidores de Productos Audiovisuales y Conexos (Asecopac), acepta que la venta de películas piratas es ilegal. No obstante propone que el negocio se formalice. Asecopac es una sociedad de hecho y su vida jurídica está en trámite. Existe desde  2009.

“La mayoría de los locales paga permisos municipales, impuestos al Servicio de Rentas Internas. Hay un ítem para los vendedores minoristas de estos productos, a la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos, y a los Bomberos”, sostiene.
Jorge Santos, otro de los vendedores de películas,  considera que la regulación que desea hacer el IEPI se presenta, “más que por lo legal, por un asunto de intereses económicos de la gente que maneja cadenas grandes de películas y que quiere frenar la competencia”.
 Y esto le parece sospechoso a Moscoso, pues ella opina que la clausura no será para todos los que infringen la Ley de Propiedad Intelectual: “Todos los años es lo mismo, se acerca Navidad y se acuerdan de la defensa de la propiedad intelectual, se llega a la Fiscalía, a los juzgados, hay la bulla y no pasa nada. Ahora las declaraciones del IEPI me aterran más aún, porque solamente se van a hacer procesos legales contra los locales de sitios pudientes,  en las bahías no”.

Las licencias y una propuestaObtener las licencias para reproducir las películas es un tema desconocido para Jorge Luis Santos, propietario del servicio a domicilio vía Internet SantitosDVD.com. “Desconozco cuál es el proceso para solicitar licencias que  permitan comercializar estos productos legalmente. La gente prefiere los productos piratas porque la economía de nuestro país no da como para comprar una  que cuesta  20 dólares”, expresa.
Las licencias que se manejan dentro del país es por proyección. Por ejemplo, según cuenta Analía Beler, de OchoyMedio, cuando se ofrece una película de estreno, la taquilla se divide con el 50% para el propietario de los derechos del filme dentro del país. La otra fracción es para la sala de proyecciones. Cuando es una película de reposición, es decir, que ya es de estreno, entonces el 40% es para los propietarios de la licencia, el otro para el cine.
Las licencias para las reproducciones, están sujetas al costo que le pongan los propietarios de los derechos.
Forrest Young, un broker de copyright, quien ha asesorado a Asecopac, dice que a los grandes estudios les conviene negociar los derechos de los filmes a precios más bajos que respondan a la economía del país en el que se venden los productos y así no perder dinero de la venta.
 
600 miembros tiene la Asecopac a escala nacional, según sus voceros
Esta actividad se realizaría a través de negociaciones con las asociaciones y distribuidores locales, luego de que  se regularicen y así puedan ofrecer un mejor producto, con un precio asequible y sin irrespetar la  propiedad intelectual.
Este especialista considera que el mejor sistema para producir material copyright es utilizar una tecnología económica de unas computadoras denominadas “pulpos”, porque poseen varios brazos e imprimen hasta 100.000 copias en un instante. Todo el sistema es computarizado y autorizado  por la compañía o entidad que maneje los derechos de autor. Moscoso dice que la variación sería leve: “Quizá una copia probablemente costará  2 dólares”.

Algunos vendedores tributanEn un recorrido realizado por El Telégrafo se comprobó que algunos de los locales señalados por el IEPI tributan.
“La administración tributaria tiene dentro de sus competencias velar por el cumplimiento de la normativa tributaria vigente; de ahí que si un local  compra discos vírgenes y los reproduce sin tener autorización, esta infracción no es sancionada por el SRI; pero, como organismo gubernamental, puede realizar la denuncia respectiva”, manifiesta Miguel Avilés, director regional del SRI.
 NOTICIAS RELACIONADAS
Análisis
Xavier Andrade
Sociólogo y Catedrático
“Hay una ética a dos niveles”

Lo primero que hay que destacar es la cara política de este tema. Veamos a la piratería, primero, desde dos niveles democratizantes: uno, por su costo bajo permite que masas accedan a productos culturales a los que difícilmente podrían acceder en su costo original; el segundo es que la piratería ha permitido liberar al público nacional de la oferta hegemónica de Hollywood. En este segundo punto la gente alimenta una crítica a lo que son las industrias culturales que mantienen predominio frente a otras y amplía, el espectador, sus horizontes. Si se hilara más fino sobre este segundo efecto, si vamos a la Bahía encontraremos, incluso, documentales que no llegan a las salas comerciales.
 
Redacción Guayaquil
redaccion@telegrafo.com.ec

DISCRIMINACION ATENTA CONTRA LEGALIZACION

Expreso Domingo, 19 de Diciembre de 2010 - 22:37 

Redacción Guayaquil - MAS

La guerra contra la piratería formal empieza en los sectores pudientes

El IEPI procesa 26 acciones administrativas contra negocios de Quito y Guayaquil que comercializan copias ilegales de películas


Gráfico Relacionado:
Locales notificados por el IEPI


Foto: Richard Castro / Expreso
Comercio. El IEPI inició procesos legales contra 12 locales de The Movie DVD, ubicado en sectores exclusivos y centros comerciales de Guayaquil. Uno de ellos es el de Urdesa.
Los monigotes de fibra de Homero, Marge y Maggie, personajes de la serie animada estadounidense Los Simpsons, dan la bienvenida en The Movie DVD. En su interior, en un espacio de 40 metros cuadrados, el cliente puede encontrar, por 2 dólares, copias de películas de todo género, ordenadas en paredes y en seis largas perchas. Un pequeño bar, baños y acondicionador de aire son parte de las comodidades del sitio, que es atendido por dos empleados.
El local, ubicado en Urdesa, es uno de los varios que este negocio, iniciado en 1990, tiene repartidos en zonas exclusivas y centros comerciales de Guayaquil.
The Movie DVD también está entre los 26 establecimientos de este tipo existentes en Quito y Guayaquil que han recibido notificaciones del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) para que entreguen información justificatoria de la legalidad de los productos que comercializan.
Sus propietarios deberán entregar a ese organismo comprobantes de compra que justifiquen la procedencia legal de la mercancía, así como la autorización o licencia otorgada por los titulares de los derechos, para la reproducción o distribución de las obras originales.
Esa diligencia está enmarcada dentro de la tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual que el IEPI puede ejercer en representación del Estado. En septiembre pasado empezaron las acciones administrativas de un plan para erradicar lo que sus directivos llaman la “piratería formal” de películas.
“Esta campaña es contra negocios de alto nivel, de gente con recursos que ha tenido para poner un local con todas las formalidades del caso y que está haciendo dinero fácil”, dice Flavio Arosemena, director nacional de Derecho de Autor del IEPI. Aclara que en este operativo no están considerados los comerciantes informales que han recurrido a esta actividad como medio de subsistencia.
Las reacciones
La Ley de Propiedad Intelectual Codificada ordena reprimir con prisión de tres meses a tres años y multa de $ 1.314,45 a $ 13.144,50 a quienes, en violación de los derechos de autor, introduzcan al país, almacenen, vendan, arrienden o de cualquier otra manera pongan en circulación o a disposición de terceros reproducciones ilícitas de obras.
Omaira Moscoso, propietaria de El Coleccionista, uno de los negocios notificados por el IEPI, considera que es momento para solucionar, junto con entidades públicas y privadas, este problema que es de vieja data en el país.
“Realmente, los comerciantes no somos más que las víctimas de la falta de políticas claras. Nunca han llamado para planificar algo con el sector”, agrega la también presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Comerciantes y Distribuidores de Productos Audiovisuales y Conexos (Asecopac).
El encargado de The Movie DVD, Xavier Mendoza, evitó pronunciarse. Según el IEPI, ese negocio tiene 12 locales que deberán rendir cuentas. La Unidad de Delitos Migratorios y de Propiedad Intelectual de la Fiscalía del Guayas inició, de oficio, una investigación sobre este caso en particular. (MAS)

‘Recomendamos un plan de formalización’

Omaira Moscoso, presidenta de Asecopac, sostiene que esta organización quiere aglutinar a los más de 60.000 locales de venta informal de películas que, según sus cálculos, existen en el país.
La asociación, que tramita su reconocimiento jurídico en el Ministerio de Inclusión Social, prepara una propuesta para conseguir la legalidad de los negocios, en lo que respecta a los derechos de autor.
Moscoso cree válido iniciar procesos de negociación con la participación de entes privados y públicos -entre ellos el IEPI- para cumplir con el pago de esos derechos a sus legítimos propietarios, pero considerando las condiciones de la economía nacional.
El plan de regularización empezaría con las producciones de cineastas nacionales y continuaría con los productos de los grandes estudios cinematográficos de Hollywood. Para esto último, Moscoso anota que cuentan con la asesoría de Forrest Young, un intermediario internacional.
“La idea es empezar a vender películas de ellos a un costo asequible para el público. Para la realidad del país, un precio sería no más de 2 dólares por copia, en el que estaría incluido el pago por derechos de autor”, explica.
Asecopac plantea un plazo de cinco años para concretar este proyecto. “En el 2011 pretendemos avanzar un 20%. El proceso va a depender de todas las partes. Nosotros estamos interesados en terminar esta zozobra”, dice Moscoso.
Guillermo Buendía, vicepresidente de Asecopac, afirma que siempre han querido laborar legalmente. “Lo que pasa es que no ha habido un gobierno que ponga las reglas del juego en claro”. (MAS)
‘No se los debe mezclar con el comercio marginal’

El IEPI aclara que hay que hacer una diferenciación sobre la propuesta de incluir en un proceso de legalización a más de 60.000 locales.
“No podemos tratar igual a una persona que tiene un local en un centro comercial de lujo, que a otra que vende en sectores marginales. La ley es para todos, pero tenemos que aplicarla con criterio”, sostiene Flavio Arosemena, director nacional de Derecho de Autor.
En el país no existen estadísticas sobre la piratería de películas, pero se estima que más del 90% de las copias que se comercializan en el mercado es ilegal. El IEPI espera tener sus propias cifras en el 2011.
Según Arosemena, ahora quieren conocer cuántos viven de la piratería formal, que es contra la cual el organismo ha iniciado controles administrativos. “Acciones contra los informales vendrán después, en una segunda etapa”.

Para este otro sector, el IEPI planifica medidas alternativas. Andrés Ycaza, presidente del organismo, anticipa sobre cursos de capacitación acerca de la observancia de los derechos de propiedad intelectual a los comerciantes de la bahía (Guayaquil), que empezarían en enero próximo.
También está en agenda un mecanismo que permita la venta de copias protegidas por los derechos de autor. “La mejor forma es un negociación entre los titulares de esos derechos y los comerciantes, y nosotros podríamos ser los facilitadores”, explica.
El IEPI está por concluir los procesos administrativos contra 26 locales. De ser el caso, esos expedientes serán remitidos a la Fiscalía. (MAS)
La bahía, entre los más notorios del mundo

Un informe de 2010 del Gobierno de Estados Unidos incluye a la bahía (Guayaquil) entre los 14 mercados físicos más notorios del mundo, que merecen una mayor investigación sobre posibles violaciones a los derechos de propiedad intelectual.
El reporte Especial 301 de la Oficina Representativa de Comercio de Estados Unidos señala que “este mercado en expansión, de al menos 1.000 comerciantes, vende grandes cantidades de mercancías ilícitas, muchas de las cuales son productos falsificados o bienes robados del puerto de Guayaquil”.
El informe, que es un examen anual de la situación mundial de los derechos de propiedad intelectual (DPI) y su ejecución, ubica al Ecuador entre los 29 países que están en una “lista de vigilancia”. Según el documento, en estos existen problemas particulares con respecto a la protección de los DPI, su ejecución o el acceso a los mercados para las personas que dependen de la propiedad intelectual.
“Persisten serias preocupaciones sobre los esfuerzos de ejecución de los derechos de propiedad intelectual en general, los cuales disminuyeron en 2009. La industria reportó aumentos en la piratería de música, películas, libros, y negocios y software de entretenimiento”, dice sobre Ecuador el informe gubernamental. (MAS)